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La Inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 580 de 2020: Servicios Públicos.

Actualizado: 11 sept 2020


Por: Dra. Luz Eneida Saldaña Abogada Universidad del Rosario, especialista en Derecho administrativo y Derecho financiero.


En virtud de la falta de dos firmas del gabinete del presidente Duque en el decreto legislativo 580 de 2020, la Procuraduría General de la Nación había pedido a la Corte Constitucional dejarlo en firme hasta el 31 de diciembre de 2020, dada la importancia del acceso al agua para el lavado constante de las manos, la que es una de las principales medidas preventivas contra el contagio del COVID 19, solicitándole por ende, declararlo inconstitucional a partir del 1º de enero de 2021; no obstante, esta petición no tuvo eco en el alto Tribunal.


La injustificada e inexplicable falta de firma por parte de los ministros de Salud y de Ciencia en el decreto legislativo 580 de 15 de abril de 2020, "Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", y que en principio podría pensarse que se trataría de un requisito formal, no fue interpretado así por la Corte Constitucional.


En efecto, la H. Corte Constitucional concluyó, luego de pedir explicaciones al Gobierno Nacional, que el requisito de incluir las firmas de todos los ministros es una garantía de los “principios democráticos durante el estado de excepción…, pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita la facultad discrecional del presidente" y, como la Constitución ordena que las normas creadas en virtud de un estado de emergencia deben contar con las firmas de todos los ministros, el decreto en mención, concluyó la H. Corte, es inconstitucional al tenor de lo previsto en el artículo 215 de la Carta Política.


Si bien el objetivo del decreto, como lo señaló en su momento el Gobierno, era garantizar servicios públicos a toda la población y darles la mano a quienes han resultado más golpeados con la crisis provocada por el Covid-19, la H. Corte, no tomó en consideración que se pretendía subsidiar los servicios públicos de los más vulnerables lo cual será de gran impacto para los usuarios con menor capacidad de pago. La norma creaba los mecanismos para que municipios y distritos subsidiaran los servicios públicos residenciales de acueducto, aseo y alcantarillado en estratos 1, 2 y 3, así: Ochenta por ciento (80%) para el estrato 1, Cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2 y Cuarenta por ciento (40%) para el estrato 3; también podrían diferir por un plazo de treinta y seis (36) meses el cobro del cargo fijo sin que pudieran trasladarle al usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro.


Independientemente de lo desafortunada de la decisión, es una oportunidad para destacar la necesidad de que el Estado intervenga en los servicios públicos que no pueden quedar solamente al manejo de los prestadores del mercado, amparados además en la no gratuidad de los servicios públicos, que prevé la Ley 142 de 1994. Así, ante la declaratoria de inconstitucionalidad, volverá a tener vigencia la norma anterior y sus topes normales de 70%, 40% y 15% para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente.

Por lo tanto, ha quedado en cabeza del Gobierno, establecer qué pasará con los subsidios que ya se habían concedido y por los cuales miles de ciudadanos pagaron menos por sus facturas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, al igual que la situación jurídica de los alcaldes que aprovecharon la norma para subsidiar servicios respecto de eventuales faltas disciplinarias o, si se deberá hacer una devolución de los recursos invertidos.


Ante la realidad de que no estamos en estado de emergencia para expedir otro decreto legislativo, seguramente tocará hacerlo a través de un proyecto de ley cuyo trámite es bastante dispendioso, y deberá tomarse en cuenta entre otros, la doctrina de la Corte en relación con el denominado “mínimo vital” y los derechos fundamentales de los usuarios, además de dar aplicación a los principios de progresividad y no regresión.


En conclusión, por ahora y hasta el 31 de agosto de 2020, no se deberían incrementar las tarifas por valor de metro cúbico, en virtud de la última prórroga al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional mediante decreto 1076 de 28 de julio pasado hasta dicha fecha, aunque posiblemente sí, el valor de las facturas a raíz de la disminución de los subsidios, calculados con base en la norma anterior al decreto declarado inconstitucional.


Fuentes: Comunicado y página de la Corte Constitucional.


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