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Ley 2085 de 2021: Depuración normativa.


Por: Dra. Luz Eneida Saldaña Abogada Universidad del Rosario, especialista en Derecho administrativo y Derecho financiero.


La Ley 2085 de 2021Por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal”, rige desde el 3 de marzo, consta de ocho artículos incluido el de la vigencia y deroga un total de 608 normas, 444 de rango legal y 164 por contravención con el régimen constitucional.


En el artículo segundo y para los efectos de dicha ley, define así los siguientes términos:

  • Depuración normativa: Instrumento que permitirá decidir la pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos normativos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente

  • Obsolescencia: Ocurre cuando las normas, a la luz de la realidad social, económica, cultural, política, e histórica actual resultan inadecuadas.

  • Contravención al régimen constitucional actual: Corresponde a aquellas normas que resultan contrarias a las disposiciones constitucionales actuales o que regulan instituciones que ya no existen.

  • Derogatoria orgánica: Ocurre cuando se ha expedido una nueva norma que regula íntegramente la materia que trataban otras normas.

  • Cumplimiento del objeto de la norma: Sucede frente a las normas que alcanzaron la finalidad para la cual nacieron a la vida jurídica.

  • Vigencia temporal: Sucede cuando el periodo de vigencia que se ha establecido en las normas se cumplió.

  • No adopción como legislación permanente: Ocurre respecto de las normas expedidas durante los estados de excepción que no fueron adoptadas como legislación permanente.


Al tenor del artículo 3º, se derogaron un total de 143 decretos y 465 leyes, expedidas entre los años 1871 hasta 1996, buscando lograr claridad de las normas que componen el ordenamiento jurídico, con miras a fortalecer la seguridad jurídica, que permita a las autoridades y a los ciudadanos el cumplimiento cabal de sus funciones y el ejercicio de sus derechos, al declarar la pérdida de vigencia de disposiciones obsoletas, anacrónicas e inútiles, o que ya han cumplido su finalidad o plazo, o que su objeto ha sido regulado posteriormente o no han sido acogidas como legislación permanente. Si tienes dudas sobre la aplicación de alguna norma, puedes contactarnos haciendo click aquí.


En los artículos 4º y 5º precisa que tales derogatorias no afectan ni modifican las situaciones jurídicas concretas, ni los derechos adquiridos que se hayan consolidado durante cada uno de los períodos de vigencia individual, ni las decisiones judiciales ejecutoriadas que se hayan dictado con fundamento en dichos cuerpos normativos.


Ordenó en el artículo 7º que a más tardar el 20 de julio de cada año, el Ministerio de Justicia y del Derecho publique en su página web, el listado de las normas de carácter general y abstracto de rango legal que se encuentren derogadas expresamente y/o que hayan sido declaradas inconstitucionales o nulas; al igual que el listado de las normas constitucionales y legales que no hayan sido reglamentadas y para que con la asistencia técnica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el término improrrogable de 2 años a partir de la vigencia de esta Ley, articule acciones con todas las entidades públicas del territorio nacional para mantener actualizado el sistema único de información normativa.


Finalmente, radica en cabeza de los Jefes o Directores Jurídicos de las entidades estatales la determinación de las normas administrativas, de carácter general y abstracto del sector correspondiente, respecto de las cuales hubiera operado la pérdida de fuerza ejecutoria por decaimiento de sus fundamentos jurídicos, como resultado de la depuración efectuada en esta Ley y procederán a dejarlas sin efectos mediante otras normas del mismo rango jerárquico.


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Fuente: Ley 2085 de 3 de marzo de 2021

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